Por:
Francisco Granval Martinez
El llamado Gasolinazo
anunciado el fin del año pasado y puesto en operación este primero de enero del
2017, ha empezado a encender por fin, el enojo del pueblo de México; un pueblo
acostumbrado a ser rehén de políticas públicas y decisiones de la clase
política que lastiman su bienestar. Esta clase política que nos ha venido
gobernando, ha privilegiado como estrategia
central, el hacer negocios para
sí mismos y sus allegados y garantizar los privilegios a las clases más
pudientes, en lugar de una estrategia que privilegie el bienestar humano como
el eje central de la gestión pública. Supuesto objetivo de una democracia
liberal.
Los gobiernos que en México hemos
sufrido desde la década de los ochentas del pasado siglo, han establecido como
prioridad del sistema tributario, el cobro de impuestos al consumo, asumiendo
las posturas neoliberales que terminaron con la treintena dorada de la
posguerra, cuando la postura fiscal era el cobro progresivo de impuestos, en
donde la carga la llevaban quienes más tenían y quienes más ganaban. Esta
visión tributaria, cambio la visión equitativa, por una visión que privilegió a
quienes más tienen y ganan, reduciendo las tasas del impuesto sobre la renta
hasta en un 20 % además de eliminar su progresividad, al dejar de legislar en
la ley, la actualización inflacionaria de las tablas progresivas de la ley del
impuesto sobre la renta.
Este cambio de visión
fiscal, trajo privilegios a las grandes empresas y a los grandes capitalistas, (al
decil de la población con más ingresos, acentuando este privilegio, en el
percentil superior de esta población), disminuyendo los montos de los impuestos
que pagaban anteriormente, trasladando la carga fiscal al consumo; así, esto se
tradujo, en que el 90% de la población total (la que menos tiene), y que detenta entre todos el 34% de la riqueza
nacional, debe cargar sobre sus hombros, el costo de manutención del estado, a
favor del 10% de la población que más tiene, y que detenta el 66% de la riqueza
nacional. Este ha sido el modelo fiscal que empezó a gestarse desde el gobierno
de Miguel De La Madrid, terminando de cristalizarse en el sexenio de Carlos
Salinas de Gortari, y Ernesto Zedillo Ponce de Leon, y que ha conservado
vigencia hasta nuestros días, durante el cuarto año del actual presidente
Enrique Peña Nieto.
Numerosos han sido los
atentados económicos y sociales que la clase política mexicana ha cometido sobre
el 90% de la población (la que menos tiene), cebándose aún más en el 30% más
pobre: El aumento del IVA del 10% al 15% y después al 16%, el cobro del
impuesto sobre la renta a su tope a salarios que superen los 3 salarios
mínimos, cobrando así la tasa tope al excedente salarial que supere dicho
monto, equiparando tasas entre un empleado que gane más de seis mil pesos, con
Carlos Slim el hombre más rico de México y tercero del mundo. La reducción del
poder de compra del salario mínimo desde 1982, cuyo poder equivaldría al día de
hoy, en trescientos cincuenta pesos, en lugar de los ochenta pesos con diez
centavos (suma que no llega al nivel de subsistencia de acuerdo al CONEVAL) y que
graciosamente se actualizo para inicios de este año; este ha sido uno de los
grandes atentados a las clases más desprotegidas y a las clases medias, ya que
el salario mínimo, debe ser un referente económico que señale el monto que
requiere una familia para vivir con la dignidad mínima, y su relación con el
salario que deben percibir otras actividades de acuerdo a su mérito, la falta
de actualización que debió tener el salario mínimo trajo en los últimos treinta
años, más pobreza a los pobres y redujo el bienestar alcanzado por las clases
medias a quienes hundió también en la
pobreza. Otros de los medios para atentar por la via fiscal contra la población
mexicana son los que se encuadran en los impuestos especiales sobre producción
y servicios IEPS, en donde en algunos casos, se cobran tributos desproporcionados.
El IEPS, grava el uso de telecomunicaciones, cigarros, refrescos y bebidas
hidratantes o rehidratantes, bebidas energizantes, cerveza, alcoholes, panes y
frituras, así como a gasolina, diésel y combustibles fósiles.
El impuesto a las gasolinas
ha venido sustituyendo el hueco que ha dejado los ingresos petroleros, debido a
la reducción del precio del mismo y la reducción en su producción, por motivo
de la sobre explotación irresponsable que hizo PEMEX del yacimiento de Cantarel
durante el sexenio de Vicente Fox, afectando la producción de uno de los
yacimientos más grandes del mundo. Así las gasolineras se convirtieron en las
principales recaudadoras del gobierno, cobrando impuestos de más del 40%
del valor al público del litro de
gasolina o diésel.
El IEPS a la gasolina es ahora
la gota de agua que derramó el vaso. El aumento del 20% a las gasolinas, además
del diésel, gas y electricidad a principios de este año, ha ocasionado el
malestar del pueblo mexicano. Todo tiene
un límite, y este límite ya alcanzo la debilitada economía de las familias que
están entre la espada y la pared, por un lado ingresos paupérrimos que en el
caso del 50% de la población que vive en la pobreza, no alcanzan para
satisfacer sus necesidades básicas, y por otro lado el costo de los insumos
para la vida que han venido en aumento por la inflación y la devaluación del
peso, además de los combustibles necesarios para el transporte de personas
público y privado, de mercancías, así como la electricidad y gas para los
hogares, ha llevado al hartazgo de un pueblo que ve en sus gobernantes a un
grupo de abusivos irresponsables, ambiciosos ineficientes y corruptos que solo
llegan al poder con el fin de enriquecerse en corto tiempo, sin importarles el
bienestar y la felicidad de sus gobernados. Los ejemplos de corrupción, todo el
mundo los conoce, y esa corrupción es el motivo principal del descontento.
El sistema económico
mexicano está ahora colapsado; todas las apuestas de los gobernantes en turno
de los últimos treinta años han fracasado en este periodo. Las políticas fiscales y económicas neo liberales no
funcionaron, los supuestos enunciados que
con pompa y platillo anuncio
Salinas de Gortari sobre el tratado de libre comercio de américa del norte, no
se hicieron realidad, y ahora está visto que los trabajadores de México y de
Estados Unidos han sido los grandes perdedores de un tratado que se diseñó solo
para que las grandes empresas fueran las únicas beneficiarias, en perjuicio de
la población de Norteamérica. La nueve era que viene con la toma de posesión de
Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, hará pagar al pueblo de
México los errores cometidos por los políticos irresponsables, corruptos y
ambiciosos de los últimos treinta años, políticos que estarán en sus cómodos
refugios disfrutando los frutos de su corrupción y su desdén hacia los mas
necesitados.
El sistema fiscal mexicano
esta hundido en el fracaso, un sistema fiscal que recauda menos del 18% del
PIB, o sea, menos del 50% de lo que debería recaudar si se compara con los
países que usan a su sistema fiscal como medio para buscar una justicia social
mínima que permita el reparto de la riqueza nacional de manera más equitativa.
El sistema que privilegio al consumo como base de recaudación llego al tope, no
da para más, seguir en esa línea solo ocasionara un enorme estallido social.
Este país requiere
replantear totalmente la política fiscal, enfocar la recaudación para que
cubran la mayor parte de los impuestos quienes más tienen, mediante un impuesto
sobre la renta progresivo, que grave a las empresas y personas que más ganan y
que alivie, a quienes menos tienen de su pesada e injusta carga fiscal.
Impuestos que graven el patrimonio y las herencias como se hacen ya en algunos
países que tienen adecuados niveles de recaudación. Así mismo es necesario a
nivel municipal replantear al impuesto predial mediante tasas progresivas que
busque una mayor equidad fiscal haciendo que los grandes propietarios de
inmuebles paguen en proporción al valor de sus propiedades. Por otro lado se
debe replantear los impuestos al consumo a niveles adecuados que permitan una
mejoría en el nivel de vida de los mexicanos, sin renunciar a impuestos que
regulen consumos de alcohol, bebidas y productos nocivos a la salud y al medio
ambiente; y se desarrolle un subsidio al salario que permita en el corto plazo
incentivar el mercado interno sin una carga excesiva a las empresas.
Llego la hora de replantear
el país que queremos, las señales de descontento son para tomarse en cuenta,
los gobernantes en turno deben entender que ya se llegó a un límite
insostenible, además, tomar en cuenta los nuevos retos que la situación
internacional plantea, pero sobre todo, los retos que el estado interno de
nuestra economía y de los problemas sociales nos obligan a visualizar. Se debe
acabar aquel principio de gobierno que puso en boga Salinas de Gortari, cuando
se refería a la oposición, NI LOS VEO, NI LOS OIGO, principio que los
gobernantes no han dejado de practicar desde entonces.
Si la clase política no hace
caso de las manifestaciones de disgusto que el pueblo de México, hace ahora,
los ciudadanos deberemos empoderarnos buscando mecanismos para imponer a los
gobernantes la participación de los ciudadanos en la elaboración de un nuevo
plan que saque a México de la pobreza y de la injusticia. DEBEMOS HACERNOS OIR.
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